El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por ese motivo, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Andalucía elaboró un manifiesto al que nos adherimos. Este texto fue leído el 1 de diciembre en una Reunión del Comité Ejecutivo de la entidad. Carmen Moreno, miembro de nuestra Junta Directiva, estuvo presente en este acto. 

Además, queremos aprovechar para agradecer a la Dirección General de Personas con Discapacidad su compromiso con nuestra causa, apoyando nuestro proyecto 'Creando redes de esperanza' e implicándose con nuestro colectivo, que suma 500.000 personas en Andalucía y de las que, el 70% de ellas, cuentan con certificado de discapacidad.

El manifiesto era el siguiente:

Como cada año, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), junto con sus 16 entidades miembros, se reúne para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instaurado en 1992 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, el día 3 de diciembre.

Con ocasión de este día, y como movimiento social y plataforma de acción e incidencia política, que tiene como principal objetivo hacer realidad los derechos humanos y fundamentales de las más de 700.000 niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad de Andalucía y sus familias, a las que representa, CERMI Andalucía quiere hacer pública su satisfacción por la reciente aprobación de la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de Andalucía.

Esta ley ha sido resultado de una importante labor del movimiento andaluz de personas con discapacidad, en su reivindicación por hacer realidad en nuestro territorio la adopción de las medidas necesarias para el pleno cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este marco se han alcanzado conquistas como la inclusión de planes específicos para mujeres y niñas con discapacidad o el establecimiento de cuotas cada vez más ajustadas a la diversidad de nuestro sector, en la oferta de empleo público.

Sin embargo, son muchas las dificultades y los obstáculos que no han quedado resueltos con esta ley y otros muchos que deberán eliminarse mediante un adecuado desarrollo de la misma.

Por esta razón, CERMI Andalucía quiere dedicar este día para invitar a la reflexión en torno a la falta de accesibilidad universidad y la ausencia de la aplicación de ajustes razonables para la accesibilidad, así como en torno a los obstáculos a la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en áreas básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

En efecto, el 4 de diciembre de este año se cumple el plazo establecido legalmente para que todos los bienes, servicios, productos y entornos sean accesibles para todas las personas, bien mediante la realización de ajustes para los preexistentes, bien mediante el diseño para todas y todos en los servicios, productos, entornos y bienes de nueva creación. En Andalucía el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad universal resulta alarmante, especialmente en lo referido a la accesibilidad cognitiva y de la comunicación, y en particular, por parte de la empresa privada. Asimismo, es inexcusable la garantía de accesibilidad en las instituciones de todos los niveles educativos y en todos los servicios públicos, incluyendo los entornos y servicios web y telemáticos.

La accesibilidad universal es un requisito y condición indispensable para el ejercicio y disfrute de los derechos inalienables que corresponden a las personas con discapacidad, con independencia de cualquier condición.

Además, el diseño y ajuste debe realizarse desde una perspectiva que tenga en cuenta las diferencias y desigualdades de las mujeres y hombres, niñas y niños, en el acceso, uso y control de los servicios, productos, bienes y entornos, así como procurando la seguridad y protección de las niñas y mujeres con discapacidad que, por razones de género, están más expuestas a situaciones de abusos y violencias en todos los ámbitos de sus vidas.

Además, queremos poner de manifiesto nuestro más profundo rechazo a las incapacitaciones legales de personas con discapacidad en todo aquello que impida o dificulte el pleno ejercicio de derechos de ciudadanía básicos como el voto o la toma de decisiones libres e informadas respecto al propio cuerpo y su capacidad reproductiva, aspecto este último que afecta especialmente a las niñas y mujeres con discapacidad.

Porque la participación real y efectiva de las personas con discapacidad no es posible sin la accesibilidad universal y la garantía de los derechos humanos y requiere de un compromiso político, social, económico y cultural:

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad reclamamos:

1. El pronto desarrollo, y con la dotación presupuestaria necesaria, de la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de

Andalucía con el máximo cumplimiento de sus valores y principios rectores, especialmente en lo que toca a la aplicación transversal de la perspectiva de género y bajo la guía de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. El desarrollo pleno de las prestaciones de la Ley 39/2006. La situación de mejora de la economía tiene que tener un reflejo en la

atención de las personas en situación de dependencia en todos sus grados. En Andalucía es urgente concertar nuevas plazas de atención residencial y de día que permitan el acceso de personas que llevan años esperando un recurso; asimismo es imperioso aumentar los costes plazas para ofrecer la calidad en los servicios a los que estas personas tienen derecho. Y como alternativa y fomento de la autonomía, regular e implementar la prestación de asistencia personal.

3. El desarrollo de las políticas, planes y programas contemplados en nuestra legislación vigente y otros necesarios, para las personas con discapacidad, con especial atención a las políticas activas de empleo. El derecho al empleo es inherente a la persona y así debe quedar reflejado en el Plan de Empleo que establece la Ley. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, muestran datos alarmantes de desempleo e inactividad. Por tanto, es imprescindible facilitar la formación profesional y el acceso y mantenimiento de mujeres y hombres con discapacidad en empleos de calidad, estableciendo medidas adecuadas e innovadoras de conciliación de la vida laboral, personal y familiar y facilitando la adaptación de los puestos de trabajo y desarrollando estrategias como el teletrabajo.

4. La garantía de los principios de equidad y solidaridad territorial en Andalucía, en todas las políticas y planes destinados a las personas con discapacidad y sus familias.

5. La aprobación del decreto que regula la figura del concierto social a realizarse con las entidades sociales sin ánimo de lucro que tradicionalmente vienen prestando servicios a las personas, incluyendo como tales los servicios sociales, sanitarios y educativos, bajo criterios de calidad y atención centrada en la persona.

6. La financiación sostenible de programas que tienen por objeto el empoderamiento, la eliminación de las brechas de género, la mejora de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, dando prioridad a los pagos de los programas que realizan las entidades de personas con discapacidad, como entidades sin ánimo de lucro.

7. La garantía de participación y representación del movimiento de personas con discapacidad de Andalucía en todos los consejos, comisiones, grupos de trabajo y foros en los que se planifiquen, diseñen, ejecuten o evalúen medidas, acciones, planes, programas o políticas que afecten a la vida de las personas en nuestra Comunidad Autónoma. Somos más del 10% de la población andaluza, una mayoría mujeres.

8. La dotación de servicios públicos de Atención Temprana desde el nacimiento, con criterios de calidad, universalidad, gratuidad e integralidad que promuevan, faciliten y potencien la evolución y desarrollo de las capacidades de cualquier niña o niño con discapacidad que lo requiera. Principios y actuaciones que deben quedar regulados en la futura Ley de Atención Temprana de Andalucía, la primera que se va a legislar en el Estado.

9. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo, acorde con los principios de igualdad de género, inclusión, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad. La atención al alumnado con necesidades educativas específicas debe ser un vector transversal de atención preferente en todas las líneas, con la dotación presupuestaria que requiera.

10.El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien, exijan y garanticen la accesibilidad universal y con perspectiva de género, que caminen hacia viviendas, comunidades, ciudades y entornos rurales inclusivos y participativos para todas y todos.

Última actualización: 4 de diciembre de 2017.

 

 

Como cada año, el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), junto con sus 16 entidades
miembros, se reúne para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad, instaurado en 1992 por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, el día 3 de diciembre.
Con ocasión de este día, y como movimiento social y plataforma de acción e
incidencia política, que tiene como principal objetivo hacer realidad los
derechos humanos y fundamentales de las más de 700.000 niñas y niños,
mujeres y hombres con discapacidad de Andalucía y sus familias, a las que
representa, CERMI Andalucía quiere hacer pública su satisfacción por la
reciente aprobación de la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con
Discapacidad de Andalucía.
Esta ley ha sido resultado de una importante labor del movimiento andaluz
de personas con discapacidad, en su reivindicación por hacer realidad en
nuestro territorio la adopción de las medidas necesarias para el pleno
cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas
con Discapacidad.
En este marco se han alcanzado conquistas como la inclusión de planes
específicos para mujeres y niñas con discapacidad o el establecimiento de
cuotas cada vez más ajustadas a la diversidad de nuestro sector, en la
oferta de empleo público.
Sin embargo, son muchas las dificultades y los obstáculos que no han
quedado resueltos con esta ley y otros muchos que deberán eliminarse
mediante un adecuado desarrollo de la misma.
Por esta razón, CERMI Andalucía quiere dedicar este día para invitar a la
reflexión en torno a la falta de accesibilidad universidad y la ausencia de la
aplicación de ajustes razonables para la accesibilidad, así como en torno a
los obstáculos a la participación real y efectiva de las personas con
discapacidad en áreas básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
En efecto, el 4 de diciembre de este año se cumple el plazo establecido
legalmente para que todos los bienes, servicios, productos y entornos sean
accesibles para todas las personas, bien mediante la realización de ajustes
para los preexistentes, bien mediante el diseño para todas y todos en los
servicios, productos, entornos y bienes de nueva creación. En Andalucía el
incumplimiento de las exigencias de accesibilidad universal resulta
alarmante, especialmente en lo referido a la accesibilidad cognitiva y de la
comunicación, y en particular, por parte de la empresa privada. Asimismo,
es inexcusable la garantía de accesibilidad en las instituciones de todos los
niveles educativos y en todos los servicios públicos, incluyendo los entornos
y servicios web y telemáticos.
La accesibilidad universal es un requisito y condición indispensable para el
ejercicio y disfrute de los derechos inalienables que corresponden a las
personas con discapacidad, con independencia de cualquier condición.
Además, el diseño y ajuste debe realizarse desde una perspectiva que tenga en cuenta las diferencias y desigualdades de las mujeres y hombres, niñas y
niños, en el acceso, uso y control de los servicios, productos, bienes y
entornos, así como procurando la seguridad y protección de las niñas y
mujeres con discapacidad que, por razones de género, están más expuestas
a situaciones de abusos y violencias en todos los ámbitos de sus vidas.
Además, queremos poner de manifiesto nuestro más profundo rechazo a las
incapacitaciones legales de personas con discapacidad en todo aquello que
impida o dificulte el pleno ejercicio de derechos de ciudadanía básicos como
el voto o la toma de decisiones libres e informadas respecto al propio
cuerpo y su capacidad reproductiva, aspecto este último que afecta
especialmente a las niñas y mujeres con discapacidad.
Porque la participación real y efectiva de las personas con discapacidad no
es posible sin la accesibilidad universal y la garantía de los derechos
humanos y requiere de un compromiso político, social, económico y
cultural:
 
En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad reclamamos:
1. El pronto desarrollo, y con la dotación presupuestaria necesaria, de la
Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de
Andalucía con el máximo cumplimiento de sus valores y principios
rectores, especialmente en lo que toca a la aplicación transversal de
la perspectiva de género y bajo la guía de la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. El desarrollo pleno de las prestaciones de la Ley 39/2006. La
situación de mejora de la economía tiene que tener un reflejo en la
atención de las personas en situación de dependencia en todos sus
grados. En Andalucía es urgente concertar nuevas plazas de atención
residencial y de día que permitan el acceso de personas que llevan años esperando un recurso; asimismo es imperioso aumentar los
costes plazas para ofrecer la calidad en los servicios a los que estas
personas tienen derecho. Y como alternativa y fomento de la
autonomía, regular e implementar la prestación de asistencia
personal.
3. El desarrollo de las políticas, planes y programas contemplados en
nuestra legislación vigente y otros necesarios, para las personas con
discapacidad, con especial atención a las políticas activas de empleo.
El derecho al empleo es inherente a la persona y así debe quedar
reflejado en el Plan de Empleo que establece la Ley. Las personas con
discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, muestran
datos alarmantes de desempleo e inactividad. Por tanto, es
imprescindible facilitar la formación profesional y el acceso y
mantenimiento de mujeres y hombres con discapacidad en empleos
de calidad, estableciendo medidas adecuadas e innovadoras de
conciliación de la vida laboral, personal y familiar y facilitando la
adaptación de los puestos de trabajo y desarrollando estrategias
como el teletrabajo.
4. La garantía de los principios de equidad y solidaridad territorial en
Andalucía, en todas las políticas y planes destinados a las personas
con discapacidad y sus familias.
5. La aprobación del decreto que regula la figura del concierto social a
realizarse con las entidades sociales sin ánimo de lucro que
tradicionalmente vienen prestando servicios a las personas,
incluyendo como tales los servicios sociales, sanitarios y educativos,
bajo criterios de calidad y atención centrada en la persona.
6. La financiación sostenible de programas que tienen por objeto el
empoderamiento, la eliminación de las brechas de género, la mejora
de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y
hombres con discapacidad, dando prioridad a los pagos de los
programas que realizan las entidades de personas con discapacidad,
como entidades sin ánimo de lucro.
7. La garantía de participación y representación del movimiento de
personas con discapacidad de Andalucía en todos los consejos,
comisiones, grupos de trabajo y foros en los que se planifiquen,
diseñen, ejecuten o evalúen medidas, acciones, planes, programas o
políticas que afecten a la vida de las personas en nuestra Comunidad
Autónoma. Somos más del 10% de la población andaluza, una
mayoría mujeres.
8. La dotación de servicios públicos de Atención Temprana desde el
nacimiento, con criterios de calidad, universalidad, gratuidad e
integralidad que promuevan, faciliten y potencien la evolución y
desarrollo de las capacidades de cualquier niña o niño con
discapacidad que lo requiera. Principios y actuaciones que deben
quedar regulados en la futura Ley de Atención Temprana de
Andalucía, la primera que se va a legislar en el Estado.
9. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo,
acorde con los principios de igualdad de género, inclusión, equidad,
flexibilidad y respeto a la diversidad. La atención al alumnado con
necesidades educativas específicas debe ser un vector transversal de
atención preferente en todas las líneas, con la dotación
presupuestaria que requiera.
10.El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien, exijan y
garanticen la accesibilidad universal y con perspectiva de género, que
caminen hacia viviendas, comunidades, ciudades y entornos rurales
inclusivos y participativos para todas y todos.
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