La discapacidad es parte de la condición humana y las limitaciones que conlleva requieren ajustes en el entorno, con el fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones iguales a los demás ciudadanos. Hay que tener presente que las situaciones de pobreza, menor nivel educativo, falta de empleo o vulnerabilidad social afectan en mayor proporción a estas personas. También existen diferencias considerables entre mujeres y hombres con discapacidad, ya que aquellas tienen niveles más bajos de formación, menores tasas de actividad y empleo. Evitar las situaciones de desigualdad hace necesaria la aplicación de acciones concretas para eliminar estos desequilibrios sociales.

Ante las diversas circunstancias que limitan el ejercicio de sus derechos a una parte de la población, en distintas recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales se ha recogido la necesidad de promover la elaboración de estrategias nacionales que mejoren el bienestar de las personas con discapacidad. El contenido y objetivos de tales documentos se insertan en el marco imprescindible de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU 2006), que pretende ser un instrumento para que participen plena y activamente en la sociedad y obliga a los países que la han adoptado a la introducción de políticas y medidas que favorezcan la igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida social.