La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, establece en su artículo 24 las garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales; recogiendo en el apartado 3 de dicho artículo, que el Ministro de Sanidad y Consumo establecerá las condiciones para la prescripción de medicamentos autorizados cuando se utilicen en condiciones distintas a las autorizadas, lo que en cualquier caso tendrá carácter excepcional. No obstante, al hablar del uso racional de los medicamentos no se definen los criterios de qué implica el uso racional por lo que nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado.

Con frecuencia, se argumenta la denegación de un acceso al medicamento con base al criterio del uso racional sin dar una debida justificación de cómo se aplica al caso concreto la racionalidad en el acceso, generando situaciones de indefensión al no conocer el motivo real de la denegación e impidiendo de hecho el recurso contra dicha denegación. La denegación no puede fundamentarse única y exclusivamente en lo que es un concepto jurídico indeterminado, ya que la ley no define en ningún momento qué se entiende por uso racional.

Este conlleva interpretaciones contrarias a lo que se enuncia en la exposición de motivos de dicha ley: «La prestación farmacéutica incluye los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad». Cualquier interpretación del uso racional fuera del contexto anteriormente expuesto, recogido también por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sería contrario a la ley.

AÑO DE PUBLICACIÓN:

  • 2017
  • AUTORÍA:

  • FEDER

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POSICIONAMIENTO USO COMPASIVO. SITUACIÓN EN ESPAÑA

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